La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador ha presentado recientemente un anteproyecto de Ley General de Minería Metálica, que busca regular la actividad minera en el país. Este proyecto ha suscitado un intenso debate, especialmente considerando que desde 2017 El Salvador es el primer país en prohibir la minería metálica para proteger el medio ambiente.
Argumentos Presentados por la Dirección de Minas
Daniel Álvarez, director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, expuso cinco puntos clave del anteproyecto:
- Monopolio Estatal en la Minería: El Estado sería el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar recursos minerales. Esto podría realizarse a través de instituciones estatales o sociedades de economía mixta con participación estatal.
- Eliminación de Concesiones a Privados: Se eliminaría la posibilidad de otorgar concesiones, licencias o permisos a particulares para actividades mineras, consolidando al Estado como el único actor en este sector.
- Prohibición del Uso de Mercurio: El anteproyecto prohíbe el uso de mercurio en las actividades mineras, argumentando una orientación medioambiental. Sin embargo, expertos señalan que otros químicos, como el cianuro, también representan riesgos significativos.
- Zonas No Compatibles con la Minería: Se establecerían áreas donde la actividad minera estaría prohibida, aunque aún no se han detallado cuáles serían estas zonas.
- Compensación y Restauración Ambiental: La ley incluiría medidas para garantizar que las actividades mineras no afecten negativamente al medio ambiente, aunque no se han especificado los mecanismos para asegurar su cumplimiento.
Contexto y Reacciones
En 2017, El Salvador prohibió la minería metálica para proteger sus recursos naturales. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele ha propuesto levantar esta prohibición, argumentando el descubrimiento de un yacimiento de oro valorado en aproximadamente 2.860 millones de euros, lo que podría transformar la economía del país, donde el 27% de la población vive en pobreza.
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Esta propuesta ha generado preocupación entre ambientalistas y comunidades locales, quienes temen que la reactivación de la minería metálica pueda tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública. Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), ha expresado que la prohibición del mercurio es insuficiente, ya que otros químicos como el cianuro, utilizados en la extracción de oro, también son altamente tóxicos.
Consideraciones Ambientales y Sociales
La minería metálica ha sido históricamente una actividad de alto impactada con la contaminación de suelos y fuentes de agua, deforestación y afectaciones a la biodiversidad. Además, las comunidades cercanas a las zonas mineras suelen enfrentar problemas de salud y desplazamientos forzados.
La propuesta de monopolio estatal y la eliminación de concesiones a privados buscan garantizar un mayor control sobre la actividad minera. Sin embargo, esto no necesariamente asegura prácticas responsables y sostenibles. La experiencia en otros países muestra que, sin una regulación estricta y mecanismos de supervisión efectivos, incluso las operaciones mineras estatales pueden incurrir en prácticas perjudiciales.
Desafíos para la Implementación de la Ley
Uno de los principales desafíos será definir claramente las zonas no compatibles con la minería y establecer criterios técnicos y científicos para su delimitación. Además, es fundamental detallar los mecanismos de compensación y restauración ambiental, asegurando que las empresas mineras, sean estatales o mixtas, cumplan con estándares ambientales rigurosos.
Otro aspecto crucial es la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones. La inclusión de las voces de las comunidades afectadas puede contribuir a una gestión más equitativa y sostenible de los recursos naturales.
La propuesta de una nueva Ley General de Minería Metálica en El Salvador representa un cambio significativo en la política minera del país. Si bien busca aprovechar recursos minerales para impulsar la economía, es esencial considerar las lecciones del pasado y las preocupaciones actuales sobre los impactos ambientales y sociales de la minería.
Una legislación efectiva debe equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades, garantizando que cualquier actividad minera se realice de manera responsable y sostenible.