Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, la reducción de homicidios en El Salvador ha sido histórica. Gracias a su Plan Control Territorial y al controvertido régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, el país pasó de ser uno de los más violentos del mundo a reportar tasas de homicidio comparables con países europeos.

Se estima que más de 80,000 personas han sido detenidas por supuestos vínculos con pandillas, aunque organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas. La seguridad ha mejorado, pero con un costo alto en términos de derechos humanos.

Consolidación del poder y reelección presidencial

Uno de los cambios más drásticos ha sido la concentración del poder en el Ejecutivo. En 2021, la Asamblea Legislativa —controlada por Nuevas Ideas— destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, dejando al sistema judicial sin contrapesos efectivos.

A partir de esa decisión, la nueva Sala habilitó la reelección presidencial inmediata, permitiendo a Bukele postularse nuevamente en 2024, a pesar de que la Constitución originalmente lo prohibía. Este giro ha generado preocupación internacional sobre el deterioro democrático en el país.

Economía: entre inversión pública y deuda creciente

Durante el mandato de Bukele, El Salvador ha apostado por proyectos ambiciosos como Surf City, Bitcoin como moneda de curso legal y el fortalecimiento del turismo. Sin embargo, también ha aumentado significativamente la deuda pública, que ronda el 84 % del PIB.

La economía ha crecido a un ritmo moderado, pero se enfrenta a desafíos como el déficit fiscal, la desconfianza de los organismos internacionales y el riesgo de sobreendeudamiento si no se controla el gasto público.

Tecnología y propaganda: el gobierno digital más activo

Bukele ha sido pionero en usar redes sociales como canal de gobierno. Desde sus primeras semanas en el poder, anunció decisiones políticas a través de Twitter (ahora X), marginando a la prensa tradicional. Además, ha impulsado una estrategia digital agresiva que incluye campañas de propaganda institucional, streamings del gobierno y ataques a medios críticos.

A la par, se ha dado un proceso de censura indirecta a medios independientes y periodistas que investigan casos de corrupción o abusos de poder.

¿Un modelo a seguir o una alerta regional?

El modelo Bukele ha sido replicado o admirado por sectores políticos de otros países latinoamericanos que ven en él una fórmula de “mano dura” exitosa. Sin embargo, el costo ha sido la debilitación del Estado de derecho, el uso del ejército como actor político y el retroceso de libertades civiles.

En seis años, El Salvador ha vivido una transformación profunda. La seguridad ha mejorado, los espacios públicos han sido revitalizados y el gobierno ha sabido conectar con amplios sectores populares. Pero también ha emergido un autoritarismo moderno, disfrazado de eficiencia, con una democracia en retroceso, instituciones debilitadas y derechos bajo amenaza.

Los mercados municipales en El Salvador han sido durante décadas pilares fundamentales de la economía local, el comercio informal y la cultura popular. Sin embargo, una ola de proyectos de modernización, respaldados por instituciones nacionales e internacionales, está generando tensiones entre la necesidad de actualizar estos espacios y la urgencia de conservar su esencia comunitaria.

En los últimos meses, la alcaldía de San Salvador ha impulsado proyectos para instalar paneles solares en varios mercados municipales. La iniciativa busca reducir los costos operativos y aportar a una infraestructura más sostenible. Además, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se han ejecutado programas orientados a mejorar la infraestructura y fortalecer el papel de las mujeres líderes en estos espacios.

Municipios como Santa Tecla también han comenzado procesos de regeneración urbana, con el fin de hacer más competitivos y accesibles sus centros de comercio.

Una nueva ley bajo la lupa: ¿modernización o privatización encubierta?

Uno de los temas más debatidos ha sido la propuesta de una Ley de Dirección de Mercados Nacionales, que busca centralizar la administración de todos los mercados del país en una sola entidad estatal.

Según críticos, esta medida podría significar una forma de privatización encubierta, ya que obligaría a las alcaldías a ceder el control de sus mercados a cambio de obras y proyectos, debilitando la autonomía municipal y alejando la gestión de las necesidades locales.

El impacto de los agromercados estatales en la competencia

En paralelo a esta transformación, el gobierno ha promovido agromercados estatales, donde se venden productos a precios más bajos y con transporte gratuito. Esta iniciativa ha sido vista con recelo por comerciantes tradicionales, quienes aseguran que no pueden competir en igualdad de condiciones. Muchos temen que estos espacios públicos se vuelvan insostenibles ante la competencia de programas estatales sin regulación clara.

Incendios sospechosos y desplazamiento informal

En los últimos años, incendios no resueltos en mercados emblemáticos como los de San Miguel y Santa Ana han levantado sospechas entre ciudadanos y comerciantes. Algunos creen que podrían estar vinculados a intereses que buscan despejar terrenos para futuros proyectos comerciales o turísticos.

A esto se suma el desalojo masivo de vendedores del Centro Histórico de San Salvador, bajo la justificación de la “revitalización urbana”. Si bien ha traído orden, también ha desplazado a cientos de familias que vivían del comercio informal.

¿una oportunidad o una amenaza?

La modernización de los mercados municipales es una necesidad real para mejorar condiciones sanitarias, sostenibilidad y competitividad. Sin embargo, el proceso debe incluir a los comerciantes, respetar la historia de estos espacios y garantizar que los beneficios sean equitativos.

Si la transformación se da sin diálogo ni participación ciudadana, podría convertirse en un proceso de exclusión, debilitando las tradiciones comerciales que durante generaciones han sostenido a miles de familias salvadoreñas.

En los últimos años, los memes políticos en El Salvador se han transformado en un lenguaje popular de crítica y expresión ciudadana. Ya no son solo bromas compartidas en redes sociales, sino piezas de contenido cargadas de opinión política, sátira y propaganda.

En un contexto donde gran parte de la población, especialmente los jóvenes, consume información a través de TikTok, Facebook, X y WhatsApp, los memes se han vuelto una vía directa para moldear la percepción sobre figuras políticas como Nayib Bukele, partidos tradicionales y decisiones gubernamentales.

¿Crítica ciudadana o desinformación?

Aunque su esencia es el humor, los memes tienen el poder de influir en la opinión pública. Al sintetizar mensajes complejos en una imagen con texto, muchos los utilizan como una forma de denunciar corrupción, criticar políticas públicas o burlarse de adversarios políticos.

Pero también se corre el riesgo de que se conviertan en herramientas de desinformación. Existen páginas y cuentas anónimas que publican memes con datos falsos o manipulados, los cuales se viralizan rápidamente, generando percepciones erróneas entre los usuarios.

La rapidez con la que se comparten hace difícil verificar su contenido, lo que convierte a los memes en armas de doble filo: informan o confunden, dependiendo de la intención detrás.

El uso de memes desde el poder: el caso Nayib Bukele

Uno de los ejemplos más claros del uso estratégico de memes desde el poder es el presidente Nayib Bukele, quien ha convertido sus redes sociales en canales directos de comunicación con la población.

Desde publicaciones sarcásticas, reacciones con emojis, hasta memes diseñados con referencias culturales populares, el gobierno ha capitalizado el lenguaje digital como una herramienta de cercanía y propaganda. Esto ha contribuido a mantener su imagen fresca, juvenil y alejada del discurso político tradicional.

Este enfoque ha sido tan efectivo que incluso cuentas institucionales como las de Casa Presidencial han publicado memes o contenido irónico, marcando un estilo de comunicación política único en la región.

Una batalla de narrativas en redes sociales

Mientras el oficialismo utiliza los memes como herramientas de propaganda, desde la oposición y la ciudadanía también se recurre a este formato para contrarrestar los discursos del gobierno.

Han surgido páginas satíricas y perfiles de activismo digital que crean memes críticos, ironizando sobre el autoritarismo, decisiones legislativas o escándalos de funcionarios públicos. Estos contenidos se convierten en microeditoriales visuales, compartidos por miles, generando debates o polarización.

Esta batalla digital de narrativas es un reflejo de la nueva forma en que se hace política en El Salvador: menos discursos y más contenido viral.

¿Los memes como el nuevo lenguaje político?

En El Salvador, los memes políticos ya no son un fenómeno superficial. Se han convertido en un lenguaje propio del siglo XXI, donde la imagen y el humor se combinan con la ideología y la estrategia comunicacional.

Entender su uso y su impacto es fundamental para analizar la manera en que se construye la opinión pública en el país. Tanto ciudadanos como actores políticos han adoptado esta forma de expresión, confirmando que en la era digital, un meme puede influir tanto como una declaración oficial.