La cadena perpetua en El Salvador 2026 fue aprobada por la Asamblea Legislativa, permitiendo prisión de por vida para homicidas, violadores y terroristas.
La cadena perpetua en El Salvador 2026 avanza tras la aprobación de una reforma constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele y respaldada por la Asamblea Legislativa de El Salvador. La modificación permite imponer prisión de por vida a personas condenadas por homicidio, violación y terrorismo, marcando un cambio significativo en el sistema penal del país.
La iniciativa fue aprobada con amplia mayoría legislativa y ahora deberá ser ratificada en una segunda votación para entrar en vigencia oficialmente.
En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 17, 2026
Veremos quiénes apoyan esta reforma y…
La reforma modifica el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución salvadoreña. En su nueva redacción, se mantiene la prohibición de penas consideradas infamantes o de tormento, pero se introduce la posibilidad de aplicar cadena perpetua en delitos considerados de alta gravedad.
El texto establece que esta pena será aplicable exclusivamente a homicidas, violadores y terroristas, ampliando así el marco legal vigente. Hasta ahora, la legislación salvadoreña fijaba un máximo de 60 años de prisión.
La aprobación se dio en sesión plenaria con el respaldo de 54 diputados del partido oficialista Nuevas Ideas, sus aliados y parte de la oposición. Solo se registró un voto en contra.
Aunque la reforma ya fue aprobada en primera instancia, aún debe ser ratificada en una nueva sesión plenaria para que entre en vigencia. Este procedimiento es obligatorio para cualquier modificación constitucional en el país.
Cabe destacar que, tras cambios aprobados en 2025, la Asamblea puede realizar reformas constitucionales dentro de una misma legislatura, lo que agiliza el proceso en comparación con el mecanismo anterior que requería dos períodos legislativos distintos.
Además, será necesario reformar leyes secundarias como el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley Contra Actos de Terrorismo para alinearlas con la nueva disposición constitucional.
La aprobación de esta reforma se da en el contexto de la política de seguridad implementada por el gobierno de Bukele, basada principalmente en el régimen de excepción vigente desde 2022.
Dicha estrategia ha permitido la detención de más de 85,000 personas, según cifras oficiales, y ha sido señalada como uno de los factores detrás de la reducción de homicidios en el país. Sin embargo, también ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan posibles violaciones al debido proceso.
El propio presidente defendió la iniciativa antes de su aprobación, planteando que la reforma busca garantizar que personas responsables de delitos graves no regresen a las calles.
Desde el oficialismo, la reforma ha sido presentada como una medida necesaria para consolidar la seguridad en el país. Funcionarios del gobierno y diputados de Nuevas Ideas han señalado que la cadena perpetua representa una garantía para las víctimas y una herramienta para evitar la reincidencia de criminales.
Por otro lado, sectores críticos han cuestionado la rapidez del proceso legislativo y la falta de debate previo, así como las implicaciones legales y de derechos humanos de una medida de este tipo.
La votación también marcó un hecho relevante en el escenario político: el partido opositor ARENA apoyó por primera vez una reforma de esta naturaleza.
La incorporación de la cadena perpetua en El Salvador refleja un endurecimiento del enfoque penal dentro de la estrategia de seguridad del país. Este tipo de medidas, que ya existen en otras naciones, suelen generar debate entre quienes priorizan la seguridad pública y quienes advierten sobre el respeto a los derechos fundamentales.
El caso salvadoreño se convierte así en un punto de atención regional sobre cómo los gobiernos están respondiendo a la criminalidad mediante reformas legales de alto impacto.